La tarifa ya está aprobada: el 7 % lo paga la hermandad, no la banda

José Lucas Chaves, director territorial de la SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, ha confirmado en el programa Evocación de Canal Sur Radio que la tarifa para la música procesional ya está aprobada por el Ministerio de Cultura e incorporada al libro de tarifas de la entidad. Lo recoge ABC de Sevilla.

El porcentaje es el 7 % del presupuesto destinado a la contratación de la formación musical, y lo paga la hermandad o la entidad que contrate en cada caso. A la banda no se le cobra nada. «Para nosotros es clave que se diferencie entre el que ejecuta la música y el que crea la música. Por eso nosotros no cobramos a la banda», ha señalado Chaves.

El cobro tampoco se hace por salir en procesión ni por llevar banda detrás, sino por la gestión de los derechos de las obras que se interpretan. Habrá además un porcentaje por conciertos y certámenes, que podría ser distinto al de las salidas procesionales.

Hay un supuesto que conviene conocer y que apenas se ha contado: si el compositor cedió los derechos de una marcha a la hermandad a la que se la dedicó, es esa hermandad la que cobra la tarifa cada vez que la obra se interpreta.

Lo que ha cambiado en cinco días

El jueves contábamos aquí que no había tarifa aprobada, ni calendario, ni negociación abierta en Sevilla. Lo primero ya no es cierto: la tarifa existe, está aprobada por Cultura y figura en los estatutos de la entidad.

Lo que sigue sin existir son los plazos formales. Chaves admite que «esto no es una cosa que se hace de la noche a la mañana» y que por delante queda un proceso de información con hermandades, consejos y ayuntamientos, pero se muestra confiado: «Creo y espero que para la Semana Santa del año que viene estará vigente».

Los años son ochenta, no setenta

Al explicar qué marchas están libres de derechos, Chaves habló de setenta años desde la muerte del autor y puso tres ejemplos de obra ya en dominio público: la familia Font, López Farfán y Beigbeder.

El plazo, para los autores clásicos, no es de setenta años sino de ochenta. Lo establece la disposición transitoria cuarta de la Ley de Propiedad Intelectual: quien murió antes del 7 de diciembre de 1987 se rige por la ley de 1879, que protegía la obra durante ochenta años. Y todos estos autores murieron antes de esa fecha.

Con dos de los tres ejemplos la cuenta sale igual. Manuel Font de Anta murió en 1936 y Manuel López Farfán en 1944, así que su obra está libre con cualquiera de los dos plazos. Con el tercero, no. Germán Álvarez Beigbeder murió en 1968: con setenta años entraría en dominio público en 2039, y con ochenta, en 2049.

La diferencia no es teórica. Una hermandad que programara a Beigbeder dando por hecho que no paga, pagaría. La SGAE no ha aclarado en público cuál de los dos plazos aplicará a la hora de facturar.

Lo que todavía no se sabe

Además del calendario y del porcentaje que se aplicará a conciertos y certámenes, queda un asunto técnico con consecuencias prácticas: los arreglos. Una marcha original puede estar en dominio público y no estarlo una revisión reciente de esa misma obra, como ocurre con las versiones que circulan de «Pasan los campanilleros». Quién responde de esa distinción, y cómo se comprueba banda por banda y marcha por marcha, es algo que tendrá que resolverse antes de que llegue la primera factura.